En estas páginas el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) analiza el modo en que el Estado enfrentó las sostenidas y novedosas formas de reclamo (piqueteros, cortes de rutas y calles), con la intención de promover la reflexión y proponer reformas legislativas e institucionales. Entre 1996 y 2002 los sucesivos gobiernos, lejos de adoptar políticas que buscaran revertir la pobreza y el desempleo, profundizaron la exclusión y paliaron la emergencia con planes de asistencia social que se consolidaron como moneda de cambio para controlar el descontento y desarticular temporalmente los cortes de ruta y distintas formas de reclamo. La reacción estatal se caracterizó, además, por la represión de las protestas y la persecución penal de sus protagonistas. Muchas personas murieron o resultaron heridas y centenares se encuentran procesados o fueron condenados en procesos penales que buscaron controlar ilícitamente la acción política en el campo popular.