Luego de la crisis que se desató en diciembre de 2001 y del gobierno de transición de Eduardo Duhalde, la asunción de las nuevas autoridades en mayo de 2003 y la finalización del proceso electoral determinan puntos de inflexión. La velocidad con que sucedieron los hechos y la complejidad de los temas investigados en este Informe, obligan a examinar con detenimiento la dinámica y secuencia de los procesos durante todo el período, definido por la fragilidad institucional y la profunda exclusión social. Los capítulos de este Informe ponen en evidencia la ineptitud de las instituciones de la democracia para impedir el desarrollo de prácticas institucionales sostenidas y reiteradas que conducen a graves violaciones de derechos humanos. Muestran, además, cómo esas prácticas resultan toleradas o admitidas con pasividad y en ocasiones son incentivadas con discursos y políticas. Este contexto demanda un intenso compromiso de acción destinado a impulsar alternativas transformadoras, capaces de restituir el valor y la legitimidad social de una democracia endeble.